La verdadera demanda marítima

El abogado y docente universitario Liborio Uño Acebo gentilmente me obsequió su libro “La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile” (2014), una obra profunda en cuanto a datos, pruebas históricas y documentales que sustentan una serie de aportes y críticas que deben ser dignas de mención, se argumenta que la solicitud presentada ante la Corte Internacional de Justicia no demanda nada, que el discurso de Evo Morales es concesionista e inclinado a borrar la historia, como se crítica la posición prochilena de Carlos D. Mesa con su “Libro del Mar”, por eso, Uño Acebo plantea cual debiera haber sido la verdadera demanda y cuáles son los verdaderos argumentos que favorecen a Bolivia.

El autor afirma que el Litoral boliviano abarcaba hasta el Río Copiapó, y no así hasta el Rio Salado como muchos autores afirman, esto comprende desde el grado 21 hasta el grado 28, Uño asevera que Chile vivía un momento de pobreza y que los tratados de 1866-1874 fueron anzuelos para convencer a los gobernantes bolivianos para intercambiar los paralelos 25 al 28 por los departamentos de Tacna y Arica, que Chile tendría planificado obtener desde 1860, esto fue ratificado después por los Tratados de 1895 y 1896; este sería el verdadero fundamento para una verdadera demanda marítima, porque dichos tratados y la entrega de Tacna y Arica nunca fueron cumplidos, estas normas siguen vigentes, no fueron canceladas ni anuladas por ningún tratado.

Según Uño Acebo: “La nación y los gobernadores de Chile tuvieron la habilidad de imponer a los gobernantes de Bolivia la estrategia chilena de intercambio y rectificación de litorales que consistían en la propuesta de que Bolivia se desprenda de su Litoral a cambio la entrega de los territorios peruanos de Tacna y Arica para convertir a Bolivia en un estado tapón y escudo a favor de Chile ante cualquier amenaza del Perú a Chile”, esta estrategia fue apoyada por los gobernantes bolivianos desde Mariano Melgarejo hasta Ismael Montes, salvando al traicionado Hilarión Daza.

En esa obra, el lector tiene 26 fundamentos de hecho y 6 fundamentos de derecho para solicitar lo que en justicia correspondiese a Bolivia, basta nombrar la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados que menciona que los tratados que fueron logrados e impuestos con dolo y corrupción son nulos de pleno derecho, además, la obtención de los paralelos 24, 23, 22 y 21 por medio de una verdadera guerra de agresión, está sancionada por el Derecho Internacional Público.

En una sociedad que respeta el derecho y propiedad privada, el hecho de que si a una persona concreta le arrebatan su bien inmueble, tanto civil como penalmente puede recuperar lo perdido, civilmente está la acción de mejor derecho, interdicto de recuperar posesión, en el ámbito penal, se procede por avasallamiento, despojo, etc., entonces me pregunto: ¿si defendemos la sociedad de propiedad privada, este tema entra dentro de la defensa de nuestras convicciones, podemos aceptar la pérdida de propiedad por la violencia, sin exigir justicia o negociar según los propios intereses?

Además, el economista Hugo Balderrama menciona que en la actualidad los altos costos de conexión al comercio Internacional no se deben a Chile, se deben al mismo Estado boliviano, quien en fronteras y dentro de ellas, fija medidas parancelarias, aranceles e impuestos que hacen dificultosa sino casi imposible la vialidad del libre comercio y la formalidad, enclaustrándonos realmente: “…el transporte internacional es solo un 10% del costo total en la importación de cualquier mercadería. Las mayores erogaciones son para pagar los gravámenes arancelarios y otro tipo de trámites burocráticos. Por ejemplo: El importador de vehículos nuevos, tiene que pagar Gravamen Arancelario (10%), el IVA para importaciones (14,9%) y el servicio de almacenamiento y despachante de aduanas, estos suman alrededor del 45% en tributos”; creo entonces que también se debe demandar ante el Estado sobre la política antiglobalización que persigue contra los mismos ciudadanos, su desarrollo y libertad económica.