Criminalización de la libertad económica

La Constitución Política del Estado boliviano de 2006 ha generado un Estado unitario, social y plurinacional comunitario que no es otra cosa que un sistema estatista-socialista. Los índices de libertad económica confirman que Bolivia es un Estado represor del comercio, empresa y propiedad privada; el espíritu de los constituyentes socialistas del oficialismo y oposición han deseado un Estado que controle, vigile, supervise y planifique toda la economía, más de lo que lo hacía antes. Eso es la economía plural, socialismo puro y duro, que tiene a opositores en la misma matriz ideológica que oficialistas.

Estando marcadas las reglas de esta manera, las leyes ordinarias tienen que corresponder a la ley fundamental, el proyecto de ley del Código del Sistema Penal Boliviano responde a los principios y valores del estatismo y socialismo boliviano.

Si observamos el Capítulo V, Delitos contra la solidaridad social y colectiva, ya podemos darnos cuenta de lo que viene. La sociedad y colectividad como sujetos de violación de derechos y víctimas de delitos. Nada más falso y erróneo que atribuir personalidad jurídica a un ente abstracto y constructo sociológico carente de identificación concreta de victimización. Sabemos muy bien que al momento de identificar al delincuente debemos individualizarlo, con nombre y apellido, lo mismo debe ocurrir en el caso de la víctima, esta debe ser individualizada con nombre y apellido, en este caso estamos ante “crímenes sin víctima”, “crímenes de víctima ambigua y difusa”.

El valor solidaridad en el campo axiológico, es un valor de índole individual y voluntario, es moral mientras así sea; pero no existe la solidaridad obligatoria y colectiva, en este caso estamos ante una coerción y obligación, aspecto que hace que lo “solidario colectivo obligatorio” sea inmoral, inmoral porque no nace en el fuero interno sino que es un acto obligatorio y penado con cárcel, el individuo no es solidario por voluntad propia sino que está obligado a ser solidario con castigo de prisión, esta es la raíz de la inmoralidad socialista colectivista.

Los tributos son pagos obligatorios, no son solidarios porque no responden a voluntad propia, se castigan bajo la figura de la evasión impositiva que está penada hasta con siete años de cárcel, sin que sepamos objetivamente quién es la víctima individualizada, concreta, con nombre y apellido a quién se dañó y de qué manera. Nunca antes en la historia boliviana se ha tenido un infierno fiscal con tan altos índices de presión y esfuerzo fiscal como ahora.

El contrabando, en sentido estricto, es comercio exterior informal, introducir y extraer mercaderías sin permiso, pero constituye delito desde que se han construido fronteras. Es un crimen sin víctimas concretas e identificables que castiga hasta con diez años de cárcel; siendo un delito que no es malo en sí, como el asesinato, violación, robo, sino que es malo por orden de la ley, la ley proteccionista; contrabando es estar contra el bando que tiene privilegio (privi lege) o ley privada para comprar y vender. Como vemos, estamos frente a pseudodelitos.

En la obra “La desnacionalización del dinero” de F.A. Hayek, el Premio Nobel de economía, planteaba eliminar el monopolio de la emisión de moneda nacional, para que exista competencia entre monedas y por consecuencia, eficiencia y valor: “En el caso de que se aboliera –dentro del territorio de un país– el uso exclusivo de una sola moneda nacional emitida por el gobierno, hallándose permitida la circulación de monedas emitidas por otros gobiernos, se plantearía la cuestión de si no sería más conveniente suprimir el monopolio gubernamental de emisión monetaria, permitiendo que la empresa privada ofreciera al público otros medios de cambio que éste pudiera preferir”. Por el contrario, en Bolivia se está “bolivianizando” la economía como Robespierre trató sin éxito la “asignatización” de Francia. Así, se prohíben las criptomonedas confundiéndolas con las estafas Ponzi, mientras en la realidad, más bolivianos tienen Bitcoins en sus celulares e intercambian con ellos y el Estado nos dice que comete tráfico de moneda la persona que introduzca, extraiga, adquiera, comercialice, venda o ponga en circulación moneda a sabiendas que es emitida ilegalmente o que no tenga curso legal. Hasta tres años de prisión por tener criptomonedas. Entre otras cosas, no se es libre de elegir con qué moneda intercambiar. Uno no es libre de elegir que comprar y vender, cómo y por cuanto hacerlo, como en la especulación, por eso, los ciudadanos son tratados como niños que necesitan de la guía de su protector omnipresente, su dios y padre: el Estado.