Confiscar es robar

Ya en el siglo XVIII, Adam Smith advertía: “Nunca guardes todo tu dinero en el país donde vives, porque puede pasar algo. Y generalmente, pasa”. Las masas volátiles y los gobernantes concentrados en la rapiña y el saqueo para obtener ingresos, sugieren que el individuo está huérfano e históricamente se enfrentó a lo que se llamó: Estado.

 

En rigor, el Estado de Derecho habría nacido para frenar esos instintos políticos (rapiña) contra los ciudadanos, las constituciones se erigieron para proteger los derechos individuales, pero todo esto ha sido olvidado y las normas legales sirven para aumentar el poder político contra el individuo.

 

Como los Estados se originan sobre esa violencia, utilizan medios como la “incautación” o “decomiso” de bienes en forma no definitiva, con la opción de pelear su devolución, y la “expropiación” o “confiscación” cuando la propiedad se transfiere permanentemente al Estado. En ambos casos, esta demostrado, que corresponde al individuo probar su inocencia, peleando en distintas oficinas gubernamentales, como en estrados judiciales gastando enormes sumas en abogados –sin garantía de ganar- mientras el gobierno conserva – utiliza su automóvil, su casa y sus cuentas bancarias.

 

Según el artículo: “El saqueo de EE.UU.” de Jarret B. Wollstein, el país del norte es un ejemplo de la rapacería, porque existen más de 200 leyes que permiten a la policía confiscar bienes sin juicio. Basta que un perro rasque el equipaje para que se confisque todos los ahorros de una vida. Existen innumerables casos de denuncias anónimas por supuestas transacciones ilegales, sospechosos de solicitar prostitutas, adolescentes sospechosos de vender marihuana, gente de color y minorías detenidas, psicólogos que trabajan sin licencia, empleadores que contratan ilegales y robos de bagatela, que terminan en lo mismo, confiscación de bienes, imposibles de recuperar.

 

En su libro: “Su casa está arrestada” (obra que puede ser encontrada en la web), la abogada defensora de confiscaciones, Brenda Grantland, demuestra como crece la industria de la confiscación bajo el menor pretexto, donde casi el 80 % de las víctimas de confiscaciones no son acusadas de un delito y las agencias estatales conservan a menudo los mejores automóviles, relojes y televisores para sí, y venden el resto.

 

Así, policías, fiscales y jueces se benefician de las confiscaciones, como el caso del fiscal James M. Catterton encontrado en el BMW 735I de un narcotraficante, o el caso de 7 policías de Little Compton, Rhode Island, que se repartieron U$S 3.8 millón de un fondo de sumas confiscadas, y lo gastaron en cosas como un yate y un Pontiac Firebird. Todo esto, bajo el pretexto de que se están utilizando los bienes para “asuntos oficiales”. Es mas, en 1996, una corte distrital federal dictaminó que los policías pueden recibir personalmente 25 % del valor del botín tomado.

 

En Bolivia no se necesitan de leyes para que empleados públicos, policías, fiscales y jueces se hagan de lo ajeno, son incontables los casos. Mas con la aprobación de una ley, no quiero ni imaginar la cantidad de injusticia y atropellos a los que se verán expuestos los ciudadanos sometidos a confiscación sin juicio previo, ciudadanos que no pueden obtener un certificado de propiedad ni en un mes. El gobierno boliviano pretende confiscar para tener ingresos y mostrarse dadivoso con el pueblo, al “regalar” lo ajeno.

 

Peor aun, si se trata de “pseudodelitos” como el narcotráfico cuya batalla hemos perdido y en foros mundiales se pretende su despenalización, o el contrabando que es un delito sin víctimas, que solo es una medida del proteccionismo en contra de la libertad de comercio, del cual todos nos beneficiamos.