Empoderamiento indígena

El gobierno de Evo Morales tiene serios problemas con los indígenas de tierras bajas por causa del anteproyecto de la Ley Marco de Autonomías, porque los indígenas piden que se respete la disposición constitucional de reconocimiento de sus territorios ancestrales y gozar de autonomía tal como lo hacen las autonomías departamental y municipal.

Este problema ya fue advertido durante la instalación de la Asamblea Constituyente sobre una posible fragmentación territorial caótica, con superposición de territorios, competencias y atribuciones entre las autonomías que supuestamente gozaban de la misma jerarquía. Pero como Bolivia se encontraba en plena “fiesta democrática” poco o nada se atendían las argumentaciones sobre posteriores problemas que ahora ponen en apreturas al gobierno, que se ocupó de ofrecer demandas con afanes proselitistas, aspecto que le está costando la pérdida de confianza paulatina de un gran número de bolivianos que otrora le prestaban apoyo incondicional.

Pero el problema de los indígenas siempre fue por el reconocimiento y respeto de territorio. Bolivia avanzó con la otorgación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), posteriormente se incorporó constitucionalmente la autonomía indígena, pero esto no es suficiente y como vemos tampoco es una institución eficiente para que se respeten los derechos de los indígenas. Estamos hablando del respeto por el derecho humano a tener propiedad privada y realizar emprendimientos privados desde los propios indígenas.

En efecto, estamos convencidos de que mientras los indígenas no accedan al pleno reconocimiento y respeto de la propiedad privada, serán objeto de burlas y engaños por parte del Estado o de otras empresas, que buscan aprovechar de los recursos que tienen los indígenas en sus territorios.

Mientras los indígenas no accedan al humano derecho a la propiedad privada e iniciativa empresarial, serán objeto e instrumento político para captar más poder, sus territorios serán saqueados inmisericordemente, la explotación de la madera y otros recursos naturales, flora y fauna, serán realizados sin la renovación necesaria, habrá cooptación de dirigentes corruptos y la intromisión de colonos –cocaleros en su mayoría– afines al gobierno, avasalladores de tierra. Así, mientras sean considerados minorías perjudiciales a las mayorías, nadie los respetará, porque son un estorbo para el estatismo populista.

Pero la verdad es que no son un obstáculo para la mayoría, sino que son una molestia para el burócrata y su interés personal de enriquecerse primero antes que atender a la supuesta mayoría. El hábil funcionario público aprovecha de la mentalidad rentista del boliviano para desprestigiar el legítimo derecho de propiedad privada del indígena. ¿Sólo el rentista –sea anciano, niño o mujer embarazada– puede acceder a la propiedad privada?

Como vemos, existe un complicado enlazamiento de varios problemas: minorías-mayorías, propiedad privada-propiedad comunitaria, autonomías indígenas-reconocimiento de territorio, redistribución de riqueza-rentismo, legalidad–legitimidad, autodeterminación-soberanía, desarrollo-ancestralismo, monoproducción, etc. Pero parte de lo que exponemos tiene como solución: el empoderamiento legal y económico de los indígenas.

Esto significa que los indígenas que deseen entren en el vagón del desarrollo moderno para que alcancen su sano deseo de crear prosperidad, conservando su identidad, para combatir la pobreza.

Un intento de acercarse a una posible solución puede estar en las hipótesis del peruano Hernando de Soto. Esto significa que los indígenas puedan: 1.- Tener un control territorial eficiente, propiedad privada, para ejercer dominio económico sobre su territorio, para eso necesitan de instrumentos jurídicos que dé a sus derechos igual fuerza que los otorgados a los grandes inversionistas y la posibilidad de participar y beneficiarse de los activos que se deriven de la propiedad. 2.- Tener un régimen empresarial a través del cual puedan controlar sus activos y asociarse con otros indígenas o inversionistas para participar en la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 3.- Tener mecanismos precisos, para participar en la generación de las normas que regulan la propiedad y la empresa. 4.- Acceder a una adecuada preparación para hacer frente al flujo de inversiones diseñando estrategias para que los indígenas puedan defenderse y beneficiarse de la creciente reorientación de la inversión internacional. 5.- Acceder al conocimiento de experiencias exitosas, indígenas que se adaptaron a la libertad económica sin perder sus tradiciones y cultura (véase las empresas de indígenas de Canadá y Alaska). 6.- Acabar con la marginación vinculando a las comunidades con el resto del país. 7.- El problema indígena es un asunto nacional, que involucra males como el narcotráfico, contrabando, asesinato, corrupción, etc.

Cómo se resuelva o se postergue este problema definirá el curso de los centenares de conflictos sociales, ambientales, petroleros, forestales, mineros y la informalidad que existe en toda Bolivia, para eso es necesaria una reforma de la Constitución Política del Estado, cuyo principal objeto debiera ser la limitación del poder del más fuerte frente al más débil.

Entonces el problema no radica en definir si la autonomía es cualidad de gobierno y no de territorio, sino en reconocer que los indígenas tienen derecho a ser propietarios y empresarios, tal como pretende ser empresario el Estado avasallador, ya que los indígenas han existido anteriormente a la creación del Estado y viven en lugares donde el Estado no tiene presencia alguna si no es para extraer recursos para beneficio principalmente de burócratas. Con este empoderamiento, los indígenas tendrán las mismas oportunidades que inversores nacionales o extranjeros y podrán hacer respetar su cultura con su poder económico, único garante de su preservación.